La Justicia atrapa al PSOE andaluz: estos son los alcaldes, concejales y familiares condenados en 2022

Apenas hemos pasado el ecuador del año y ya podemos confirmar que el PSOE de Andalucía (PSOE-A) mantiene su ritmo de condenas en la comunidad. Y es que ahora ya hay, al menos y que se sepa, una decena de socialistas condenados más que cuando empezamos este 2022. Alcaldes, concejales y familiares de socialistas protagonizan esta historia interminable de corrupción en Andalucía que comenzó hace ya más de cuatro décadas.

Juan Espadas, de hecho, da buen ejemplo de socialista andaluz para liderar a este partido, toda vez que está salpicado por casos de corrupción como Isofotón y cuya mujer ha sido imputada por haber sido presuntamente enchufada en Faffe, uno de los brazos a través de los cuales el PSOE-A ha organizado sus corruptelas en Andalucía.

Rodríguez Ortiz, 16 meses de prisión

El año 2022 comenzó con el Juzgado de lo Penal número 16 de Sevilla condenando al concejal del Ayuntamiento de Camas y secretario general del PSOE del municipio sevillano, Eduardo Rodríguez Ortiz, a 16 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores en un concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave tras un accidente laboral en el consistorio por el que un empleado municipal acabó parapléjico.

Rodríguez Ortiz tiene que indemizar con 615.000 euros al afectado por las secuelas sufridas y con 250.000 euros a la empresa aseguradora del Ayuntamiento. A causa del accidente, el trabajador «sufrió lesión medular con traumatismo craneoencefálico asociado» y en la actualidad requiere el uso de «silla de ruedas de forma permanente».

Iván López Ariza, multa

La Audiencia de Granada condenaba a comienzos de febrero al concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadix (Granada), Iván López Ariza, a una multa económica por un delito de injurias graves con publicidad contra un vecino del municipio al que «menospreció y denigró» después de que criticara la acción del equipo de gobierno en las redes sociales.

Según se expone en la sentencia, a raíz de los comentarios vertidos contra su persona, el vecino «sufrió una crisis de ansiedad y nerviosismo pautada médicamente con tratamiento farmacológico, siendo remitido al psiquiatra para valoración y tratamiento».

José Luis Sánchez Teruel, imputado

El Juzgado de Instrucción nº 16 de Sevilla imputaba a mediados de febrero al diputado autonómico del PSOE por Almería -y por ende aforado-, José Luis Sánchez Teruel, en la causa que investiga el presunto desvío de más de 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir.

Sánchez Teruel ostentaba por aquel entonces el cargo de director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía. El juez señala que, dada su responsabilidad en dicha área, el socialista podría haber incurrido en «posibles irregularidades» en la adjudicación de las obras y en presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos y tráfico de influencias.

Juan Molina Sánchez, dos años de prisión

La corrupción socialista en Andalucía se cobraba una nueva víctima a finales de febrero. La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba condenaba a dos años de prisión y nueve de inhabilitación a Juan Molina Sánchez, exalcalde socialista de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Algallarín, dependiente del municipio de Adamuz (Córdoba).

Según detalla la sentencia, Sánchez, regidor entre 1999 y 2011, dejó sin justificar la salida de gastos municipales y obvió el procedimiento legal en las administraciones públicas para la ejecución de los gastos. La Audiencia alude también al pago con dinero público a un grupo musical que actuó en un mitin del PSOE.

Por el delito continuado de malversación de caudales públicos, el tribunal condenó al socialista a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por el delito continuado de prevaricación de funcionario público, con la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de reparación del año, la sentencia le impone otros cinco años de inhabilitación, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Juan Fernández, hasta ocho años de cárcel

Poco más de cuatro horas de deliberación es lo que necesitó el jurado, en marzo de este año, para emitir un veredicto en el que consideran probado que Juan Fernández, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares, entre julio de 2011 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, «se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio, de una cantidad mensual de 1.700 euros».

Lo hizo, recibiendo el dinero en metálico «mediante la emisión de cheques bancarios al portador» y con cargo a dos cuentas del Grupo Municipal Socialista que «se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento» y que por ley «no podía destinarse al pago de remuneraciones de personal».

Una vez oído el veredicto, el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por el PSOE han ratificado su petición de penas. Fiscalía reclama que se le impongan cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta, mientras que la petición del PSOE se eleva a ocho años de prisión y diez de inhabilitación absoluta.

El ‘caso ERE’ del PSOE de Huelva

Un nuevo escándalo comenzó a sobrevolar a finales de marzo de este año sobre un chiringuito público llamado Gestión Integral del Agua de Huelva (GIAHSA). Gracias a un esquema de triangulación de dinero entre esta sociedad y la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, el PSOE ha logrado una financiación desde 2013 de 2,1 millones. La vía de financiación sigue abierta hoy en día y se carga en última instancia al agua de Huelva.

Un chiringuito ha mantenido esa actividad desde al menos 2013 hasta hoy en día. Ese chiringuito se llama Giahsa, y se trata de la sociedad pública que gestiona el agua para la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva (MAS).

Cristóbal Torreblanca, inhabilitado

El mes de marzo terminaba con la idílica relación entre el PSOE-A y los tribunales. En esta ocasión el protagonista era el alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), condenado por un delito de prevaricación urbanística. Los otros tres acusados, todos trabajadores del consistorio socialista, también resultaron condenados.

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Málaga condenaba de este modo al regidor socialista a una multa de 2.700 euros y la pena de cinco años y tres meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público. El magistrado apuntó que Torreblanca otorgó licencias urbanísticas «a sabiendas de la ilegalidad» que cometía y, en caso de desconocerla, le achacó actuar como una «marioneta» del Ayuntamiento.

Cristóbal Fernández, inhabilitado

La localidad almeriense de Carboneras es el vivo ejemplo del socialismo andaluz: corrupción, lazos familiares y juzgados. Mediado el mes de abril, el exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE) era condenado (otra vez) a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Su sobrino, José Luis Amérigo, ha heredado el cargo y también el modus operandi de su tío, ya que declaró recientemente también por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Ana María Orihuela, cuatro años y medio

Al PSOE andaluz (PSOE-A) le crecen los enanos en plena campaña electoral. Y es que esta misma semana se ha confirmado en los juzgados un nuevo caso de corrupción socialista, el de la ex concejal del PSOE de Almonte, Ana María Orihuela, que ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión por el desvío de subvenciones millonarias para formar a los desempleados andaluces que la Junta de Andalucía concedió al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Además, todo queda en familia, toda vez que también han sido condenados el hijo y el sobrino de la ex concejal socialista.

Así, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que el pasado invierno celebraba un juicio por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formades, ubicado en Almonte (Huelva), ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a su exgerente socialista Ana María Orihuela; a dos años de cárcel al hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela; también a su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela; y a dos años y medio al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.

De la Borbolla, año y medio de cárcel

El mismísimo hermano del expresidente socialista de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, ha sido condenado este pasado jueves a un año y medio de cárcel y a tres años de inhabilitación absoluta. Así, Ángel Rodríguez de la Borbolla ha sido condenado por las ayudas de los ERE como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito también continuado de malversación de caudales públicos.

Todo se debe a las ayudas autonómicas concedidas irregularmente a sus empresas, vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a una partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.